Cuando la izquierda llega al poder en España lo hace con pies de
plomo y con gran cautela. Buena parte de su programa se lo deja en la
mochila, para no molestar a determinados poderes fácticos. Sirvan
algunos ejemplos. En los mítines de las campañas electorales hablan y
alardean de laicismo, pero no tienen agallas para denunciar los Acuerdos
con la Santa Sede, no vaya a ser que las jerarquías católicas puedan
molestarse. Igualmente declaran ser por activa, pasiva y perifrástica
republicanos de espíritu, pero cuando tienen ocasión de demostrarlo se
achican, aduciendo razones del consenso constitucional. Esto me recuerda
a aquél que se declaraba vegetariano, pero seguía comiendo carne porque
era amigo del carnicero. Hablan de implantar un impuesto progresivo y
de perseguir el fraude fiscal, mas luego dicen que rebajar impuestos,
incluido el de patrimonio, es de izquierdas, y perdonan a banqueros,
todo sea para no molestar al gran capital. Ponen en marcha una timorata
Ley de la Memoria Histórica, sin embargo permiten que todavía estén
esparcidos por las cunetas 125.000 españoles, muchos de ellos
socialistas, por no molestar a determinados sectores vinculados con el
todavía vigente franquismo sociológico. De ahí su casi generalizado
regocijo con el apartamiento de Garzón de la carrera judicial.
Se llenan la boca de agua defendiendo lo público, y luego conceden
subvenciones a colegios confesionales, a los que luego no pocos
socialistas llevan a sus hijos, como el exministro Pepe Blanco. ¡Viva la
coherencia! Podríamos poner muchos más ejemplos de esta política
timorata y acongojada de las izquierdas cuando llegan al poder. No es el
caso de la derecha, ésta cuando llega al poder, si tiene la mayoría
absoluta, entra en tromba, como un elefante en una cacharrería. Va a por
todas. No tiene miramiento alguno. Ejecuta su programa máximo.
Veámoslo. La iniciativa de modificar LO 2/2010, sobre la salud
reproductiva de las mujeres, que reguló el derecho a las mujeres sobre
su propio cuerpo y abrió la posibilidad de interrupción voluntaria del
embarazo, al nivel del resto de los países de nuestro entorno. El nuevo
proyecto de ley pretende volver a la situación anterior a 1985, primera
regulación de constitucionalidad que lo despenalizaba. El actual
proyecto de ley de seguridad ciudadana. Una reforma laboral que
retrotrae a los trabajadores a mitad del XIX. Y sobre todo el ataque
brutal al Estado de bienestar, que, con la excusa de su
insostenibilidad, privatizan los servicios de educación, sanidad,
asistencia social o cualquier otro sector público que pueda generar
beneficios al sector privado, aunque este proceso lo denominan
externalización. La derecha además de robarnos la cartera nos roba hasta
el diccionario.
Quiero detenerme en la privatización de la sanidad pública, un gran
negocio para la iniciativa privada. En el ámbito sanitario la Comunidad
de Madrid ha sido el laboratorio de experimentación de las políticas
neoliberales de los populares, aunque el primero fue el modelo Alcira.
Varios hospitales públicos fueron construidos en tiempos de Esperanza Aguirre
desde el sector privado por constructoras, inmobiliarias, empresas de
gestión sanitaria, que mantienen su propiedad durante tres décadas,
recibiendo un canon anual de la Administración en concepto de alquiler,
y también se encargan de gestionar toda o parte de su actividad. Cuando
las concesiones venzan, revertirán a la Administración. Hoy casi uno de
cada tres hospitales públicos madrileños es de gestión privada, total o
parcialmente. Hay dos modelos. En el PFI (private finance initiative)
la empresa concesionaria se encarga de todo menos de la parte sanitaria.
Sus médicos son funcionarios. Además de gestionar cocinas, lavanderías,
laboratorios, alta tecnología, explotan restaurantes, tiendas, parking,
etc. En el modelo PPP (partenariado público-privado), toda la gestión
es de las empresas. También es cierto que este proceso se ha paralizado
en la Comunidad de Madrid por una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid.
La privatización de la sanidad pública, es el capitalismo puro y
duro, que aplica su ley sagrada: obtención de beneficios por el medio
que sea. Todo es lógico. Como el capitalismo es extraordinariamente
voraz e insaciable, ha visto el negocio en los servicios públicos del
Estado del bienestar, cada vez más demandados, considerados ya como
derechos. Hay capitales abundantes y más en un momento de crisis, con
unos mercados cautivos y muy prometedores. Además las políticas de
privatización cuentan también con consumidores deseosos y contribuyentes
bien dispuestos. Al universalizarse estos servicios, aparecen quejas
al no poder ser atendidas todas las demandas por los recortes, con
listas de espera en el sector sanitario, y así se propicia una
disposición creciente hacia la oferta privada. Esta circunstancia me
parece gravísima, ya que el pacto social suscrito entre la ciudadanía y
el Estado para proporcionar a todos unos servicios básicos, este último
lo ha roto unilateralmente al haber transferido mediante subcontratas a
agentes paraestatales la prestación de estos servicios, sin que hayan
sido consultados los ciudadanos.
A los populares no se les puede acusar de incoherentes, ya que nunca
han defendido lo público, argumentando que lo privado es más eficiente.
Mas, la investigación científica y la propia OMS corrobora que la
sanidad pública es más equitativa (con financiación suficiente
finalista), eficiente (impulsando la atención primaria) y de más
calidad que la privada (con las excepciones del confort y el tiempo de
espera). Otra cosa es cuando se recortan recursos humanos y materiales
con el objetivo planificado de dañarla por parte de aquellos dirigentes
que deberían defenderla. No sé como calificar la circunstancia de
destrozar la sanidad pública, con un reconocimiento a nivel
internacional, y siendo uno de los pilares básicos que vertebra nuestra
sociedad. Como mínimo es puro sadismo. Está en nuestras manos el
impedir que consigan sus espurios objetivos. Si les dejamos hacer, es
probable que en un futuro no muy lejano nos veamos obligados a contar a
nuestros nietos: hubo un día que los españoles dispusimos de uno de los
mejores servicios de sanidad pública del mundo.
Repito ellos van a lo suyo. No les tiembla el pulso. Todavía más, están crecidos. Ahora mismo, en
la Comunidad Autónoma de Aragón el gobierno de Luisa Fernanda Rudi.
Según el blog CierzoyNiebla, ubicado en Híjar, en una población cercana
a la de Alcañiz, desde hace tiempo la población del Bajo Aragón, que
incluye zonas de la provincia de Zaragoza y Teruel, pide la construcción
de un nuevo hospital en Alcañiz, porque el existente se ha quedado
pequeño y poco funcional. La responsabilidad de este centro hospitalario
corresponde al Servicio Aragonés de Salud, y la DGA ya dispone de un
proyecto para construirlo. Se va a realizar mediante “concesión de obra pública”.
Lo que quiere decir que lo construirá una empresa privada
(concesionaria) a cambio de que la Administración (el Gobierno de
Aragón) le pague por utilizarlo y le ceda la gestión de algunos
servicios del hospital. Así, dentro de la tramitación, el día 6 de
junio, en el Boletín Oficial de la Aragón, se anunció el “estudio de
viabilidad económico-financiera de la concesión de obra pública para la
construcción y explotación del nuevo Hospital de Alcañiz”, y se sometió a
información pública para que se puedan “formular sugerencias,
observaciones y alegaciones” en el plazo de un mes.
Según el estudio de viabilidad los plazos son: periodo de
construcción 2,5 años: puesta en marcha: 0,5 años; periodo de
explotación: 25 años, iniciándose en enero de 2018 y finalizando en
diciembre de 2042.
Inversión inicial (Edificio y urbanización): 96,3 millones de euros.
Servicios privatizados, por los que la Administración pagará: Limpieza,
Lavandería, Seguridad, Gestión de residuos, Transporte interno y
externo, Conservación de viales y jardines, Desinsectación y
desratización, Gestión Auxiliar, Restauración, Mantenimiento,
Esterilización, Gestión de almacenes y distribución, Gestión de personal
administrativo, Centralita telefónica. Servicios comerciales que la concesionaria explotará: Aparcamiento, Cafetería, Máquinas expendedoras, Televisión.
El Gobierno de Aragón no comenzará a pagar el canon establecido –17,9
millones de euros al año– hasta el 2018 y terminará en el 2042, por lo
que en los 25 años la Administración habrá pagado por los servicios
privatizados y por la utilización del hospital 561,1 millones de euros
(podría aumentar esa cantidad si hubiera modificados). Hay que tener en
cuenta que estas cantidades son en euros de 2014 y que se irá revisando
su valor a lo largo de los años. En las valoraciones están previstos
los costes del personal, pero sólo una parte porque otra parte será a
cargo de la Administración que reubicará a los trabajadores. Además
cuando se jubilen los trabajadores actuales, la empresa se encargará de
suplir esas vacantes y de pagarles. Para la empresa supone una
rentabilidad media del 8,85 %, en todo el periodo de la concesión.
Como conclusión, el futuro hospital de Alcañiz costará a las arcas
del Gobierno de Aragón entre 5 y 6 veces más de lo que suele desembolsar
la Administración en la construcción de este tipo de centros. Según el
Servicio Aragonés de Salud la concesión de la obra a una empresa
privada, encargada de la construcción y explotación del centro, es la
única vía posible para acometer la construcción de un centro cuyo coste
no podían asumir las maltrechas arcas del Ejecutivo autonómico. “Se
hacía así o no se podía hacer”, insisten fuentes de la Administración.
Si algo caracteriza a la derecha española es la hipocresía. Nos están
machacando, para justificar sus políticas con el sonsonete de la
“herencia recibida”. Pues ahora, parece que les importa poco dejar una
herencia hasta el año 2042 a todos los aragoneses, hipotecando nuestro
futuro. Por cierto, el consejero de Sanidad, Sr. Olivan que dirige esta
gestión, además de incrementar las listas de espera sanitarias, sin que
los aragoneses podamos conocerlas, cierra plantas de hospitales y
centros de atención de urgencia y reduce las plantillas de personal
sanitario, sin que le tiemble el pulso. Y por ello, por los méritos
contraídos, lo que no deja de ser surrelaista, este consejero de Sanidad
del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, recibió poco ha de la mano de
la ministra de Sanidad, Ana Mato, un galardón concedido por la compañía
editorial Sanitaria 2000 al consejero “más relevante” del año. El acto,
que se celebró en el Museo del Traje de Madrid en el marco de la Cena de
Verano de la Sanidad Española, encumbró a Oliván como el gran
triunfador de la décima edición de los premios a la Administración
sanitaria. Alucinante.
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