martes, 24 de septiembre de 2013

Defensa coacciona a un traductor para que retire su petición de asilo

   Gervasio Sanchez (Enviado Especial)    Kabul (Afganistán)
  El Ministerio de Defensa envío un mensaje oficial a la base de Qala-e-now, capital de la provincia de Bagdis, donde está desplegada la agrupación militar española, por el que se ordenaba comunicar a los traductores afganos que “si querían beneficiarse de un plan de acogida y ser contratados en la base de Herat tenían que retirar su solicitud de asilo presentada ante la embajada  española en Afganistán”.
  El traductor, cuya casa había sido destruida por los talibanes a mediados de agosto, se negó a firmar este documento después de consultarlo con su familia y decidió continuar con el procedimiento de petición de asilo.
Horas después, el traductor fue citado ante cuatro militares para levantar un acta oficial por la que se certificaba que se le había trasladado la orden llegada del Ministerio de Defensa que él había rechazado. El acta fue firmada por un teniente coronel, un comandante, un capitán auditor y un brigada y su objetivo era demostrar a sus jefes en Madrid que la orden había sido cumplida.
  El traductor grabó toda la conversación que duró unos 40 minutos. Ocurrió el miércoles 18 de septiembre a partir de las 16,15 minutos de la tarde.
Uno de los militares le dice al traductor: “Este acta es la prueba de que se te ha informado de que si quieres beneficiarte del plan de acogida tienes que renunciar a la solicitud de asilo”.
  El traductor les insiste que no puede firmar el documento porque si lo hace “me estoy cortando el cuello con mis manos ya que me tengo que quedar en Afganistán bajo la amenaza de los talibanes”.   
  En la grabación se dirige siempre con un respetuoso “mi comandante” a uno de los militares. “Han quemado mi casa y no tengo más que tres mantas. No puedo regresar a mi pueblo porque está controlado por los insurgentes y ellos saben que estoy trabajando con vosotros”, les explica el traductor. Su esposa, su madre discapacitada y sus dos hermanos pequeños se han tenido que refugiar en Herat tras el ataque talibán.
  Los militares insisten en que su labor es “hacer de cartero” y que no pueden cambiar la orden llegada desde Madrid. “Aunque no lo parezca también es complicado y duro para nosotros. No sabemos la respuesta a vuestras preguntas y dudas”, le comenta uno de los militares.
  El traductor les recuerda que desde marzo de 2010 ha trabajado siempre en Moqur, Darr-e-bum y Ludina, en primera línea de combate en territorio enemigo. “Dos balas me atravesaron el pantalón. Otra impactó en mi chaleco antibalas. Y muy cerca explotó un artefacto que me hirió”, les explica.
  Los militares no están a gusto durante la conversación. Uno de los oficiales le confiesa que “si estuviera en nuestra mano os ayudaríamos”. Y le recuerda que “os hemos ayudado cuando hemos podido. Pero esta vez la decisión no es mía, ni del brigada, ni siquiera del coronel. No es nuestra”. El traductor le contesta: “Lo sé, mi comandante”.
  El militar continua su parlamento: “Tenéis que comprender que tenemos que ponerle cara al otro lado y ser los malos de la película”. Al final le recuerda al traductor que hace dos meses “no había nada” y, en cambio, “ahora tenéis dos posibilidades y quién sabe si, a lo mejor, en un momento dado, dicen que una no excluye a la otra. Pero, de momento, han dicho que, si sigues por un lado, hay que renunciar al otro”.
  Arsenio García Cores, abogado experto en Derecho de asilo, consultado por este periodista, asegura que “se trata de un derecho humano que entra en la esfera personal de cada uno y que nadie puede disponer de él”. El derecho de asilo “nunca puede ser una moneda de cambio impuesta por otra persona o institución ya que eso sería coacción”.
  El abogado considera que el Ministerio de Defensa ha podido cometer un delito de coacción porque  la orden a los militares tiene como “objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental” (artículo 172.1 Código Penal). Aunque también, por su calidad de funcionarios, su comportamiento encaja en delitos establecidos en los artículos 511 y 542 del mismo código que establecen pena de inhabilitación para quien “impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes”.
  El 14 de septiembre, a las 17, 26 de la tarde, este periodista recibió un mensaje de la dirección de comunicación del Ministerio de Defensa en el que se le aseguraba que “el procedimiento de asilo no lo podemos tramitar en Defensa porque no tenemos la potestad para hacerlo ya que depende de Asuntos Exteriores”.
  Por eso sorprende tanto que haya podido salir  del Ministerio de Defensa una orden mediante escrito oficial (571130917092957Z) y con número de origen 230-3-132054, tal como consta en el acta firmada en Qala-e-now que da fe de la reunión del traductor afgano y los militares españoles,  que establece que los traductores tienen que elegir entre trabajar o aspirar al derecho de asilo.
   Fuentes consultadas del Ministerio de Defensa han admitido que la orden existió, pero que fue mal interpretada por alguien en la cadena de mando y que se está investigando, y que por ello ha sido anulada. Aunque no especifica si se anuló antes o después de que este periodista se pusiera en contacto con la dirección de comunicación del organismo.
  El traductor que se negó a firmar el memorándum secreto realizó su último convoy la madrugada del jueves 19 de septiembre, horas después de asistir a la reunión con los militares de la que se informa en este artículo.
  Diez y siete horas después llegó a la base de Herat cansado, sucio y hambriento. Se le ordenó cambiarse de vestimenta al bajar de su vehículo blindado, entregar su uniforme, su chaleco antibalas y su casco y abandonar la base militar inmediatamente.
  Como ya era de noche llamó a su hermano pequeño para que le mandase un taxi de confianza que le permitiera transitar por la carretera del aeropuerto hasta la ciudad, muy insegura cuando oscurece.
  Ayer recibió nuevas amenazas de muerte de los talibanes. Un vecino de su aldea le trajo un mensaje explicito: “O pagas 20.000 dólares (la misma cantidad exigida antes de quemarle la casa en agosto) o morirás como un perro”

1 comentario:

Anónimo dijo...

Marca España haciendo amigos.